GASTO EN LA PREVENCIÓN DELITO EN COMPARACIÓN CON ELGASTO UNA VEZ COMETIDO EL DELITO

El proyecto PreCon, es un proyecto que pretende abordar el aumento de la delincuencia juvenil en Europa, centrándose en la prevención como herramienta clave. Se basa en la constatación de que los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, suelen carecer de adultos que actúen como referentes adecuados y de apoyo educativo o laboral, lo que refuerza el riesgo de reincidencia y de exclusión.

El proyecto trabaja en conjunto con varias organizaciones como GhJ y SiB, de Alemania, Linc, de Italia, Aifed, de España y ZISPB de Lituania, que cooperan para poder mejorar la eficacia y los métodos de prevención. Se pretende fomentar la profesionalización y la cooperación entre los profesionales de entidades que trabajan con jóvenes que han tenido conflictos con la ley, aplicando modelos e intervenciones preventivos.

Por tanto, en este contexto, resulta relevante comparar, el gasto que supone la prevención del delito y el que supone mantener en prisión a un individuo que ya ha delinquido. Primero, para poder establecer el gasto español en la prevención del delito, hay que delimitar lo que se considera como prevención del delito. Silva Sánchez (2009), habla de la prevención del delito como la decisión de impedir algo, o el intento de disuadir al individuo de la realización de ciertas conductas, o bien aportando información sobre las razones que provocan que esas conductas tengan resultados lesivos o no, o bien, anunciando las consecuencias negativas que recaen sobre el individuo si acaba llevando a cabo dichas conductas.

Otra manera de definir la prevención, es a través del concepto de control social formal, que sería el control ejercido por el estado, a través de instancias y acciones públicas con la función específica de definir, detectar, manejar y suprimir las conductas prohibidas (Gavaldón, 1987, citado por Vega Fernández, 2017). Por lo tanto, podríamos incluir como prevención del delito las acciones encaminadas a la seguridad pública y ciudadana, incluyendo las labores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, medidas de prevención comunitaria, programas de reinserción y programas de intervención específicos, como pueden ser los de delincuencia violenta, terrorismo o violencia de género.

Ahora, a la hora de establecer el gasto que se produce en España para la prevención del delito, es importante tener en cuenta que en los presupuestos públicos, el gasto en prevención del delito no siempre aparece de manera explícita, sino más bien en categorías más amplias y difusas. Por ejemplo, según las estadísticas recogidas por Eurostat sobre los gastos en el orden público y seguridad, en España, en el año 2023, se destinó un 1,7% del PIB, concretamente, un 1.1% del PIB a los cuerpos y fuerzas policiales, un 0.2 al departamento de bomberos, un 0.3 destinado a tribunales y el sistema de justicia y 0.2 a las prisiones.

Estas cifras nos permiten hacernos una idea del gasto que produce el delito, aunque no permite distinguir claramente entre prevención y reacción penal. Si nos centramos en el caso de Andalucía, según los presupuestos generales del estado, en el año 2024, se destinaron al área de justicia un 1,75% del total, a la seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias un 0,13%. Además, se destinaron un 7,53% del presupuesto a los servicios sociales y la previsión social, incluyendo en esta categoría actuaciones como la integración de los inmigrantes, prevención integral de la violencia de género o el plan nacional de drogas.

Sin embargo, resulta complicado poder establecer y diferenciar con exactitud el dinero y los recursos que se acaban destinando a la prevención del delito, ya que los datos con los que contamos no suelen aparecer desglosados, se incluyen en una misma categoría de gasto actividades que no están destinadas a la prevención del delito o incluso el gasto en prevención y el gasto en prisiones aparecen juntos (como vemos en el caso de los presupuestos de Andalucía).

Lo mismo ocurre a la hora de establecer el gasto que supone un individuo una vez cometido el delito. De hecho, como explica Ferrando Latorre (2025), el coste de la justicia es un concepto muy amplio, en el que podemos incluir los costes de justicia y del proceso, costes públicos o privados, procesales y extraprocesales… Cuanto más complejo se vuelve el ordenamiento jurídico más difícil es poder delimitar y establecer los costes concretos.

Aún así, sabemos que la prisión, que actúa como medida de última instancia de los órganos de control de la Administración de justicia, también supone uno de los mayores costes económicos, provocando un gasto de 65 euros al día por interno en España. La cifra ha aumentado en un 25% desde el año 2010, lo que provoca un gasto anual de 23.500 euros por individuo encarcelado, teniendo en cuenta que se cuentan con unos 50 mil presos en España, la cifra de gasto total es bastante elevada, unos 1175 millones de euros anuales. Esta cifra únicamente refleja el coste directo del mantenimiento, sin incluir otros costes como el que supone el proceso judicial, la asistencia jurídica…

A modo de comparación, en otros países Europeos como Italia, Holanda o Dinamarca el gasto diario por recluso llega a superar los 200 euros (Ferrando Latorre, 2025). La comparación entre el gasto en prevención y el coste que supone mantener un individuo en prisión demuestra lo complejo que resulta separar el gasto preventivo del reactivo ante el delito, ya que los datos que disponemos aparecen integrados en las mismas categorías.

Aún así, si nos centramos en los presupuestos del estado, los recursos anuales destinados a las prisiones es menor que los recursos destinados a cuerpos y fuerzas de seguridad por ejemplo. Sin embargo, el hecho que el mantenimiento anual de la población penitenciaria, supere los mil millones, muestra la importancia de impulsar y desarrollar más métodos de prevención primaria y secundaria que permita reducir la criminalidad y los ingresos en prisión, para poder optimizar los recursos públicos y disminuir los gastos anuales.

BIBLIOGRAFÍA

Eurostat (2023). Government expenditure on public order and safety. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/eurostat Ferrando Latorre, E. (2022). El coste de la justicia en España: Análisis estructural y económico. Facultad de derecho, Universidad de Zaragoza. https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cu-csociales/doc_web_CCSScu/DOC-CURS O-2019-20/Doc-Seminario-permanente-de-Ciencias-Sociales/18-Manzaneque-Priego-y-Santo s-2016.ashx?la=es Junta de Andalucía (2024). Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2024. https://www.juntadeandalucia.es Ministerio de Hacienda (2024). Presupuestos Generales del Estado 2024. Gobierno de España. https://www.hacienda.gob.es Silva Sánchez, J.M. (2009). Prevención del delito y reducción de la violencia. Ita Ius Esto, (8), 7160, 28-40.file:///C:/Users/Hp/Downloads/2-Silva-Sanchez-Jesus-Maria-Prevencion-del-delito-y-r educcion-de-la-violencia.pdf Vega Fernández, E. (2017). El control y la prevención del delito com objetivo de la criminología. Miscelánea Comillas, (75), 146, 171-194. https://generaconocimiento.segob.gob.mx/sites/default/files/document/biblioteca/225/202104 09-el-control-y-la-prevencion-del-delito-como-objeto-de-la-criminologia.pdf