Basándonos en el proyecto " DigiWELL – Construyendo resiliencia digital, haciendo que el bienestar y la seguridad digitales sean accesibles para todos " número 2022-2-SK01-KA220-ADU-000096888, nos pareció importante reflexionar sobre el tema de las relaciones digitales, que hoy ocupan posición importante en la vida de todos.
En los últimos veinte años, la tecnología ha avanzado considerablemente, introduciendo nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías, que están sustituyendo muy rápidamente, al menos en parte, al contacto directo de persona a persona. Hay que recordar, aunque, estamos en la llamada "era digital", no todo el mundo tiene acceso libre y consciente a la tecnología; especialmente para las personas mayores o, a veces, para los adultos, la tecnología puede convertirse en un instrumento de exclusión, perdiendo así su finalidad natural, la de simplificar las relaciones.
Además de influir en las relaciones interpersonales, la tecnología también está adquiriendo una función clave dentro del trabajo estatal, simplificando los procedimientos burocráticos. Aunque sin duda esto tiene un efecto positivo porque reduce el tiempo de trabajo, que a menudo es muy largo, siempre pero debería existir una forma clásica de acceder a los procedimientos. Por ello, la elección de algunos gobiernos, como el español, de prever un acceso digital exclusivo para cada procedimiento deja muchas dudas. Un estudio del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ESPAÑOL, fechado el 28 de noviembre de 2023, estima que el 94,4% de los españoles ha tenido acceso a Internet al menos una vez en los últimos tres años, y que el 82. 9% tiene un ordenador en casa; estos datos son, sin embargo, en mi opinión poco útiles, no es suficiente tener un ordenador para utilizarlo adecuadamente, además está comprobado oficialmente que el 18% de los hogares no dispone de PC; Pero si, como subraya la Constitución Española en su artículo 14, "los españoles son iguales", cómo es posible que el Estado español opte por apoyarse exclusivamente en la tecnología, excluyendo conscientemente a una parte de la población. La discriminación tecnológica también deja dudas sobre su compatibilidad con otro artículo de la Carta Constitucional española, el 27, que garantiza el derecho a la educación. En mi opinión, con la evolución del mundo, la palabra educación debería abarcar también el ámbito tecnológico, hoy las competencias tecnológicas básicas sólo las posee el 66,2% de la población.
El Gobierno italiano también está siguiendo el camino de la digitalización, mediante la creación de identidades digitales, denominadas SPID desde 2015. Creo que la decisión de establecer estos procedimientos sin haber previsto un sistema de educación tecnológica no es una opción prudente por parte de los gobiernos que pasan por alto el hecho de que una gran parte de la población carece de habilidades digitales básicas. Un estudio italiano del ISTAT publicado el 20 de diciembre de 2023 estima que las competencias tecnológicas básicas sólo las posee el 45,7% de la población de entre 16 y 74 años. Esto significa que más de la mitad de la población del país carece de las competencias adecuadas para manejarse con las nuevas tecnologías, un dato que sólo puede empeorar si se tienen en cuenta los grupos de edad de más de 75 y menos de 15 años.
También sería importante llevar a cabo una investigación sobre los efectos emocionales causados por las nuevas tecnologías; de hecho, los mayores de 50 años han sido testigos de un cambio radical del mundo en el que nacieron y crecieron, un cambio que se produjo rápidamente sin darles el tiempo necesario para adaptarse al nuevo mundo. También aquí el papel del Estado debe ser crucial, los gobiernos deben proteger a estas personas, tanto mediante un uso consciente de la tecnología, sobre todo ideando sistemas que no excluyan totalmente a quienes no saben relacionarse con la tecnología. Es importante utilizar esta preciosa herramienta con moderación y solidaridad, haciendo de ella un arma de inclusión y no de destrucción.